Abstract
No podemos hablar de una transición energética justa sin incorporar desde su diseño el análisis de las desigualdades preexistentes para asegurar que las políticas públicas e intervenciones privadas incorporan objetivos climáticos, económicos y sociales al mismo nivel. El sector privado, y especialmente las grandes corporaciones transnacionales, tienen una responsabilidad ineludible a la hora de impulsar estos cambios tanto desde un punto de vista puramente climático como social y económico. Para que esto sea posible, los gobiernos y otras instituciones reguladoras tienen la responsabilidad de poner en marcha políticas orientadas a facilitar y agilizar la transición y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todas
las personas durante el proceso y en el escenario de llegada. También las empresas deben incorporar en sus planes de acción climática algunos elementos clave revisando sus procesos de negocio y desarrollando planes orientados a garantizar los medios de vida de las comunidades afectadas, asegurar procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, garantizando el pago de salarios dignos a la totalidad de
su plantilla y eliminando las brechas salariales entre colectivos marginalizados y asegurando que pagan los impuestos que les corresponden allí donde les corresponde hacerlo, pilar fundamental financiar la transición.
Publisher
Fundacion Accion Contra El Hambre