Abstract
Estamos ante una encrucijada global de proporciones nunca vistas. El planeta se calienta más rápido de lo esperado y enfrentamos condiciones climáticas cada vez más extremas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la vida humana en el mediano y largo plazo. El nivel de los océanos está aumentando, los arrecifes de coral están muriendo, las especies se están extinguiendo, los glaciares se están derritiendo y las condiciones climáticas extremas se hacen cada vez más frecuentes con intensas olas de calor, inundaciones, huracanes, incendios y/o sequías. Para hacer frente a esta compleja situación, todos, personas e instituciones en los ámbitos nacional, regional y global, tenemos que hacer nuestra parte para evitar llegar a un punto de no retorno. Aunque Colombia solo genera el 0,6 % de los gases de efecto invernadero (GEI), es uno de los veinte países más amenazados por la crisis climática. Nuestro país alberga el 50 % de los páramos del mundo y es catalogado como una potencia en agua, biodiversidad y ambiente, aloja alrededor del 10 % de la fauna y flora del mundo, teniendo por ello un rol central en los esfuerzos globales que se realizan para mitigar los efectos del cambio climático. También es reconocido por ser el segundo país con más alta presencia en biodiversidad en la tierra, goza de dos océanos, cinco vertientes hidrográficas, ríos, lagunas y ciénagas, siendo de esta manera el agua un recurso fundamental para el desarrollo de las generaciones futuras. El país cuenta con grandes extensiones de páramos, los cuales son la fuente del 70 % de agua dulce en nuestro país y comparte al sur de nuestras fronteras con la Amazonía, considerada la selva tropical más extensa del planeta y el pulmón del mundo. Una porción representativa de ese 10 % del total de la biodiversidad mundial que tiene nuestro país, se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), del que hace parte el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las Reservas Forestales (más de 17 millones de hectáreas), una fuente importante de bienes y servicios ecosistémicos, entre los cuales, el suministro del recurso hídrico incluye más del 62 % de los nacimientos de los acuíferos nacionales y abastece a casi un 80 % de la población colombiana. Así mismo, protege lagunas y ciénagas que contienen el 20 % de los recursos hídricos que abastecen la generación de energía eléctrica del país. En estas áreas protegidas se conservan muestras representativas de los ecosistemas naturales marinos y continentales, los cuales, además de albergar un gran número de especies de fauna y flora, contribuyen a la regulación del clima y protegen las cuencas hidrográficas. Es así como por su especial importancia ecológica, los Parques Nacionales Naturales tienen la función de conservar, proteger y salvaguardar sus ecosistemas de especial valor por medio del Estado y de los particulares. Esta gran riqueza ambiental del país está siendo amenazada por el uso indebido de los recursos naturales, lo que genera un acelerado deterioro de los ecosistemas, alterando su funcionalidad y poniendo en riesgo la biodiversidad. Esta problemática se ha convertido en un reto de primer orden para el Estado colombiano, sus autoridades ambientales y la sociedad en general. El Sector Defensa no ha sido ajeno a esta realidad, por lo que en el marco definido por la ley, la Presidencia de la República y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha reconocido el potencial desestabilizador de las afectaciones causadas por las diversas actividades ilícitas de los Grupos Armados Organizados (GAO), los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y ciudadanos que hacen un uso indebido de los recursos naturales. Fenómenos como la siembra de cultivos ilícitos, la extracción ilícita de minerales, la tala indiscriminada, la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras, la pesca ilegal, la contaminación, el vertimiento de sustancias peligrosas y el tráfico ilegal de flora y fauna, han debilitado los ecosistemas nacionales. Estas actividades ilegales afectan los recursos hídricos del país, los suelos, los páramos y la atmósfera, produciendo efectos negativos que generan deforestación, pérdida de hábitats, extinción de especies, la destrucción de fuentes de agua, el deterioro de las tierras de cultivos e impactos negativos en las reservas forestales y las áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). La degradación ambiental que hemos visto no solo es utilizada por las organizaciones criminales para obtener recursos que les permiten sostener su accionar delictivo en diversas zonas del país, más grave aún, se constituye en un atentado directo contra el porvenir de las generaciones futuras. Es por ello que el Sector Defensa ha reconocido el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de interés nacional, con un carácter principal y prevalente, buscando apoyar con sus capacidades a las autoridades ambientales del país, con el fin de realizar acciones cada vez más eficaces contra las organizaciones criminales responsables del deterioro ambiental. Es en ese contexto surge la idea de este libro, que busca presentar la problemática que se enfrenta y visibilizar las acciones realizadas por el Sector Defensa en coordinación con las autoridades ambientales, con el fin de apoyar la defensa de estos activos estratégicos, así como prevenir los daños futuros a los mismos, en aras de trabajar en la protección de los recursos naturales, bajo una visión multidimensional de la seguridad. El Ministerio de Defensa (MDN) ha sido consciente de los desafíos climáticos a los que se enfrenta, no solo el Sector, sino el territorio nacional, en cuanto a los impactos cada vez mayores derivados de las condiciones meteorológicas extremas y la explotación de los recursos. Por ello, el Sector ha trabajado para alinearse con la Política Nacional de Cambio Climático, los compromisos del país ante la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), el cumplimiento del CONPES 4021 de diciembre de 2020 para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de Bosques, para así aportar con acciones de adaptación, mitigación y gestión del riesgo ante el cambio climático y variabilidad climática mediante del Plan de Gestión de Cambio Climático del Sector Defensa (PIGCCSD). Este libro reúne los principales resultados del Sector Defensa en materia de protección del medio ambiente y resalta la articulación de las políticas, así como de la operativización de las mismas por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por la protección de los recursos naturales de la Nación, una responsabilidad que ha quedado claramente plasmada en la “Estrategia Artemisa”, que es un esfuerzo permanente, sostenido, conjunto, coordinado, e interinstitucional que permitirá proteger y defender el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la Nación, a partir de la lucha contra la deforestación, sus causas directas o subyacentes y contrarrestar los efectos del cambio climático, como también la lucha contra la explotación ilícita de minerales, contra los cultivos ilícitos que afectan el medio ambiente y el conjunto de actividades de control y vigilancia que apoya nuestra Fuerza Pública para la defensa de los recursos naturales. Trabajando de forma articulada con la Fiscalía, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y la Unidad de Parques Nacionales Naturales, en diversas zonas del país, la Estrategia Artemisa ha permitido brindar apoyo a las autoridades ambientales y administrativas, para preservar y defender el agua, la biodiversidad y el medio ambiente en las áreas de reserva forestal, áreas protegidas y 59 Parques Nacionales Naturales. Mediante la Directiva Permanente 008 del 22 de marzo de 2022, el MDN institucionalizó e impartió lineamientos e instrucciones al Comando General de las Fueras Militares, la Dirección General de la Policía Nacional y la Unidad de Gestión General del MDN, con el propósito de implementar medidas, desplegar operaciones, actividades de apoyo y gestión ambiental, para la implementación de la Estrategia Artemisa. De esta forma y bajo un enfoque sostenido, conjunto, coordinado, interinstitucional y multilateral, se trabajará para incluir dentro de la doctrina militar y policial las acciones relacionadas con la protección del agua, la diversidad y el medio ambiente, al tiempo que se concentrarán los esfuerzos de inteligencia en la identificación del modus operandi de las organizaciones criminales que afectan el medio ambiente, desarrollando operaciones contra los GAO y los GDO que atentan contra el medio ambiente. Desde el 2019 a la fecha se han realizado diecisiete (17) operaciones sobre las áreas de los Parques Nacionales Naturales, especialmente en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, como son los Parques Nacionales Naturales (PNN) Serranía de Chiribiquete, PNN La Paya, PNN Tinigua, PNN Picachos, PNN Sierra de La Macarena, la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y la Reserva Natural Nukak. Se han dispuesto, para esta campaña, 22.300 hombres de la Fuerza Pública, que, desde sus respectivas unidades militares y policiales resguardan las áreas protegidas del territorio nacional. Estas unidades incluyen: 10 batallones de alta montaña (páramos), una brigada contra el narcotráfico, una brigada contra la minería ilegal, unidades de guardacostas, infantería de marina y efectivos de la Policía Nacional. El Sector Defensa es consciente de que a futuro será fundamental continuar fortaleciendo las capacidades de la Fuerza Pública para, en el marco de sus competencias, continuar apoyando a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad en la defensa y preservación del agua, la biodiversidad y el medio ambiente como activos estratégicos de la Nación. Será fundamental profundizar la disrupción del delito de la explotación ilícita de minerales, mediante el desmantelamiento de las economías ilícitas que se lucran de ella y de la afectación de la cadena criminal. En igual medida, será vital apoyar la recuperación de los ecosistemas más afectados por las actividades ilegales, por medio de actividades de restauración de áreas, del trabajo articulado con las comunidades, la construcción y mantenimiento de viveros forestales y el fortalecimiento a las investigaciones científicas lideradas desde la Armada Nacional y la Dirección General Marítima para la protección de los océanos, el recurso hídrico y sus ecosistemas. De esta forma será posible continuar trabajando en la reducción de los riesgos que se ciernen sobre los ecosistemas del país y disminuir los índices de deforestación, y tras la búsqueda de soluciones que contribuyan a la reducción y mitigación de los GEI. Esta estrategia que ha puesto en marcha el Sector Defensa y que es recogido en esta obra, presenta los aportes sectoriales del trabajo interinstitucional que se han venido realizando en los últimos años, siendo un ejemplo de la forma en la que se pueden sumar esfuerzos para contribuir a la superación de la encrucijada global que nos afecta a todos y que debe ser enfrentada con un esfuerzo común.