Abstract
El artículo aborda la evolución de regulación legal del derecho a las prestaciones sanitarias públicas por parte de migrantes en situación irregular. Se señala el pasaje de un régimen basado en el criterio de la residencia que permitía el acceso a esas prestaciones a uno basado en el criterio del aseguramiento que lo excluía (a partir de la reforma de 2012) y el regreso al régimen inicial (con la contra-reforma de 2018). Al mismo tiempo, se utiliza la regulación estudiada como punto de partida para reflexionar sobre los conceptos de universalidad y efectividad en relación con los derechos sociales.