Perfil de riesgo de desastres por evento sísmico de Ecuador

Abstract

La gestión del riesgo de desastres es una de las actividades fundamentales de los gobiernos de países que se encuentran en zonas de alta amenazas a fenómenos de la naturaleza como sismos o eventos hidro-meteorológicos. La experiencia reciente ha demostrado que es posible reducir considerablemente los impactos generados por eventos catastróficos en términos de daños a la infraestructura, pérdidas económicas y afectaciones humanas, implementando medidas de mitigación del riesgo, protección financiera y planes y acciones para las emergencias y reconstrucciones. Para esto es necesario contar con información confiable para estimar las amenazas, el inventario de activos expuestos y la vulnerabilidad de las tipologías constructivas dominantes; componentes con los cuales se llevan a cabo las evaluaciones probabilistas del riesgo. La evaluación del riesgo proporciona información sobre los eventuales impactos de desastres y la efectividad de las diferentes opciones de reducción o mitigación. Ecuador cuenta con registros históricos de sismos de gran magnitud debido a su localización, donde los procesos de subducción son predominantes y tienen el potencial de generar terremotos de altas magnitudes a cortas distancias de centros poblados, afectando drásticamente la infraestructura, la población y la economía del país . Los registros históricos indican que en los últimos 500 años se han presentado varios eventos con alto número de víctimas fatales y considerables pérdidas económicas. Sismos como el de 1797 o los de 1868 que generaron aproximadamente 40 mil y 70 mil víctimas y los sismos de 1987 y el de 2016 con pérdidas económicas estimadas en US$1.000 millones de dólares . Estos eventos han generado importantes impactos en la economía del país y en los niveles de desarrollo, con situaciones de emergencia de difícil superación y largos procesos de recuperación y reconstrucción. El Banco Interamericano de Desarrollo mediante el fondo especial japones aprobó la cooperación técnica “Apoyo para garantizar la resistencia de los sistemas de infraestructura y de servicios públicos después del terremoto en Ecuador” en el 2016, para generar un plan de acción que implementen medidas de resiliencia sísmica en la infraestructura y servicios públicos ante posibles eventos futuros.