Sobre la pérdida de la habilitación para tareas de Seguridad Privada.-Reference-Cited by-同舟云学术

Sobre la pérdida de la habilitación para tareas de Seguridad Privada.

Published:2023-07-16 Issue: Volume: Page:
ISSN:2659-787X
Container-title:Revista de Jurisprudencia Laboral
language:es
Short-container-title:RJL

Author:

Sempere Navarro Antonio V.¹

Affiliation:

1. Director de la Revista de Jurisprudencia Laboral. Magistrado del Tribunal Supremo. Catedrático de Universidad (s.e.)

Abstract

El personal de Seguridad Privada posee cada vez más relevancia en nuestras sociedades y la propia índole de sus tareas explica que el Estado desee controlarlas. Una de estas manifestaciones viene dada por la necesidad de contar con una habilitación gubernativa para poder desempeñarse como Vigilante de Seguridad Privada. Otra consecuencia viene dada por la incompatibilidad entre ese cometido y la comisión de conductas delictivas. Se discute ahora sobre el modo en que la existencia de una condena penal incide en la privación de esas habilitaciones. La sentencia recurrida sienta tres grandes conclusiones: 1ª) La Administración viene obligada a retirar el permiso cuando existe la condena penal. 2ª) La eventual cancelación de los antecedentes penales no impide que se pierda la habilitación, incluso si sobreviene antes de finalizar el expediente administrativo. 3º) Tras cancelarse los antecedentes penales es posible solicitar una nueva habilitación, pero no queda automáticamente rehabilitada la primigenia. Con ese trasfondo el comentario recuerda las consecuencias que posee la pérdida de la habilitación desde la perspectiva de la relación laboral. Private Security personnel are becoming increasingly important in our societies and the very nature of their tasks explains why the State wishes to control them. One of these manifestations is given by the need to have a government authorization to be able to work as a Private Security Guard. Another consequence is given by the incompatibility between that task and the commission of criminal conduct. The way in which the existence of a criminal conviction affects the deprivation of these authorizations is now being discussed. The sentence under appeal establishes three main conclusions: 1) The Administration is obliged to withdraw the permit when there is a criminal conviction. 2) The eventual cancellation of the criminal record does not prevent the authorization from being lost, even if it occurs before the end of the administrative file. 3) After canceling the criminal record, it is possible to request a new authorization, but the original one is not automatically rehabilitated. With this background, the comment recalls the consequences of the loss of authorization from the perspective of the employment relationship.

Publisher

Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado

Reference13 articles.

1. ^ A los seis meses de la extinción de la pena, al amparo del art. 136 en relación con el art. 33.4.g del Código Penal.

2. ^ No entra la sentencia recurrida a discernir sobre el momento en el que tal cancelación se haya producido, si antes de la resolución originaria o después de ésta y antes de la resolución de la reposición, ya que, en el razonamiento que guía su decisión, esta irrelevancia de la cancelación de los antecedentes penales lo hace innecesario.

3. ^ Por eso STS-CONT 1364/2021 de 23 noviembre considera que el acceso al Registro Central de Penados y Rebeldes por parte de un funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, sin consentimiento del interesado, limitado a la comprobación del mantenimiento de un requisito necesario para la pervivencia de la habilitación para prestar servicios como vigilante de seguridad, carecer de antecedentes penales por delito doloso, está amparado por el art. 11.2.c) LOPD 1999, en cuanto responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implica necesariamente la conexión con aquel fichero de terceros, el Registro Central de Penados y Rebeldes, siendo, por tanto, una cesión legítima de datos personales que se encuentra legalmente prevista, responde a una finalidad constitucionalmente legítima y es proporcionada a la salvaguarda de la misma

4. ^ Desde la perspectiva del reparto constitucional de competencias, la Disposición Final Primera advierte que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.

5. ^ Cuando quien contrata es una Administración Pública, puede establecer condiciones especiales relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del contratista, penalizándolo por su incumplimiento o confiriéndoles el carácter de condición resolutoria del contrato.