Abstract
Desde hace algún tiempo se viene discutiendo el alcance de la responsabilidad penal que recae sobre los servidores públicos en casos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el contexto de los conflictos armados. Frente a esta problemática, este artículo propone un método de imputación con base en criterios modernos de ampliamente aceptación en el mundo y desarrollados en profundidad en la jurisprudencia colombiana. A partir de estos criterios se explica la necesidad de analizar el marco de competencias de los servidores públicos y de corroborar la posición singular que tienen los garantes en la sociedad. Luego, se examinan los deberes positivos que se exigen a la posición de garante en cada caso específico, puesto que su incumplimiento determinará la responsabilidad penal del Estado como garante de la seguridad ciudadana, por ejemplo, por generar riesgos carentes de aprobación legal.
Publisher
Editorial Universidad Catolica de Colombia