Economía política del suelo y vivienda en Colombia: una perspectiva libertaria

Abstract

Este artículo controvierte la tesis de que la informalidad y segregación en los mercados de suelo y vivienda en Colombia, tienen su causa determinante en la prevalencia de prácticas económicas de naturaleza “neoliberal”, es decir, que están al margen de todo control público efectivo o de salvaguarda del bien común. Tesis defendida por reconocidos académicos locales del urbanismo de clara orientación neomarxista o cepalina como Emilio Pradilla, Samuel Jaramillo o María M. Maldonado, entre otros. A partir de postulados libertarios, de raíz austriaca y anarcocapitalista, se plantea que ha sido más bien el intervencionismo estatal redistributivo –muy defendido por esos académicos–; lo que precisamente da lugar a tales prácticas que poco o nada tienen de “liberales”. Se comienza explicando cómo desde 1950, con la llegada a Colombia del desarrollismo neokeynesiano liderado por Lauchlin Currie; se mantuvo un orden social mercantilista parecido al de la época de la colonia. Así el “neoextractivismo” se terminó de reposicionar con la Constitución Política de 1991, al declararse Colombia un Estado Social de Derecho; y la posterior promulgación de la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial. Desde ese entonces, clientelismo y corporativismo se han exacerbado en los ámbitos propios de la administración pública territorial; y las ciudades siguen siendo precarias, pobres y desiguales. Se concluye diciendo que la única forma de superar esas realidades es liberalizando verdaderamente el suelo y la vivienda; y reforzando, al tiempo, el debilitado sistema judicial retributivo, de garantía a los derechos fundamentales y concomitantes de libertad, vida y propiedad.